Las personas detenidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche denuncian condiciones de insalubridad y hacinamiento en su encierro. Han hecho llegar una carta con sus quejas a los juzgados de Madrid.
Uno de los internos, enfermo de leucemia y diabetes, estuvo diez días en huelga de medicación en protesta por la atención médica deficiente y las condiciones son de hacinamiento e insalubridad, según publica el boletín de difusión, lucha y debate social Tokata.
El encierro en el CIE somete a las personas a un estado de angustia y estrés que afecta a su bienestar físico, psicológico y social. En los CIEs se encierra a personas que sufren graves enfermedades, que llevan más de quince años en España, que tienen hijas/os menores a su cargo, que son víctimas de trata o que huyen de amenazas en sus países de origen.
Junto con otras personas internas han unido fuerzas para hacer llegar sus testimonios al exterior del CIE y denunciar en una carta dirigida al Juzgado nº 6 de Madrid:
Que no se garantiza un examen médico previo al internamiento
Que el brote de sarna y las condiciones insalubres ponen en riesgo su salud
Que constantemente se vulnera el derecho a recibir información
Que de forma sistemática se expulsa a las personas sin previo aviso, incumpliendo la normativa de notificar la expulsión con 12 horas de antelación, impidiendo incluso una mínima despedida de sus seres queridos.
Que en el CIE se encuentran internadas personas que sufren trastornos de salud mental y no reciben asistencia psicológica ni psiquiátrica. Además, denuncian los malos tratos que estas personas, en una situación especialmente vulnerable, reciben
Que un interno fue hostigado por agentes de la policía y sufrió un ataque de epilepsia. Al no haber servicio médico disponible en ese horario, esta persona tuvo que esperar 20 minutos la llegada de una ambulancia
Que las personas internas que están denunciando estas circunstancias son represaliadas con amenazas e insultos
La existencia de estos centros supone un atropello contra la dignidad de miles de personas y una lacra para cualquier sociedad que se quiera reconocer como justa, humana, decente.
Así, protestan por "la insoportable realidad a las que el Estado les está sometiendo con el fin de castigar la situación administrativa irregular en la que les mantienen".
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