Se ha presentado el Informe CIE 2015 de SOS Racismo Madrid,
“Fronteras en los barrios”. El informe es fruto de las 681 visitas que a lo largo de 2015 han hecho 16 activistas de SOS Racismo Madrid a 257 personas internas en el CIE de Aluche.
Este trabajo de acompañamiento y fiscalización, que continúa la labor de años anteriores, ha permitido documentar las condiciones inhumanas de internamiento que sufren cientos de personas al año por el mero hecho de estar en situación administrativa irregular, a la espera de que se ejecute su orden de expulsión.
El informe hace una descripción de las condiciones de internamiento y sus consecuencias psicosociales, documenta casos de malos tratos y atención deficiente e incide en las situaciones personales de extrema vulnerabilidad que nuestras activistas se encuentran constantemente.
"En 2015 acompañamos a personas embarazadas, con trastornos de salud mental, con menores a su cargo, víctimas de violencia machista o de trata. 12 personas internas que visitamos declararon ser menores de edad", dicen desde SOS Racismo. El amplio documento explica también las dificultades para solicitar asilo dentro del CIE y contextualiza el papel del CIE en los procesos de deportación.
"Esperamos que el informe contribuya al debate social necesario sobre esta frontera invisible que divide nuestros barrios y que sea un paso más hacia el cierre definitivo de estas cárceles racistas" concluyen sus autores.
Resumen ejecutivo
El Informe CIE 2015 de SOS Racismo Madrid titulado “Fronteras en los barrios” recoge el trabajo de acompañamiento y fiscalización realizado durante el año 2015 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. El informe es fruto de las 681 visitas que a lo largo de 2015 han hecho 16 activistas de SOS Racismo Madrid a 257 personas encerradas en el CIE de Aluche. Este trabajo, que continúa la labor de años anteriores, ha permitido documentar las condiciones inhumanas de internamiento que sufren cientos de personas al año.
Los CIE son centros de estricto control policial en los que se encierra a personas por el mero hecho de estar en situación administrativa irregular, a la espera de que se ejecute su orden de expulsión. Estos centros están insertos en el entramado de fronteras y deportación por lo que, cuando hablamos de CIE no podemos obviar la existencia de una política migratoria basada en la exclusión y el control de personas. Las identificaciones policiales por perfil étnico -racistas-, los vuelos de deportación, las vallas fronterizas y la denegación de visados se suman a la irregularidad administrativa y un mercado laboral cada vez más cerrado y precarizado que impiden el acceso a derechos de miles de personas.
En 2015 acompañamos a 257 personas de 49 nacionalidades distintas siendo la marroquí la más significativa al constituir el primer destino de los vuelos de deportación. El número de personas internas según su nacionalidad en el CIE revela el primer paso del engranaje de deportación: las identificaciones racistas en el espacio público. Tanto los vuelos de deportación como los CIE se llenan de personas mediante esta práctica policial. Se ha podido comprobar como estas identificaciones se intensifican en los días previos a los vuelos de deportación programados. De esta forma, el 30,4% de las personas visitadas habían sido detenidas mediante esta práctica y provenían principalmente de Andalucía y Madrid.
En 2015 tan sólo visitamos a 13 mujeres, tendencia que se viene observando en los últimos años y que tiene parte de su explicación en las características estructurales del CIE de Aluche, con 236 plazas para hombres y 44 para mujeres. Hay más hombres encerrados en los diferentes CIE del Estado y esto parece ocurrir también en los vuelos de deportación. ¿Es posible que las mujeres sean menos detenidas por ocupar espacios privados, por moverse en otros circuitos? La estructura social, los roles de género en la división del trabajo y la economía sumergida sitúan a las mujeres a quienes no se permite regularizar su situación administrativa en sectores particularmente precarizados del mercado laboral como el empleo del hogar en régimen interno.
El informe también apunta a la situación de las mujeres que, siendo víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación, son reiteradamente internadas en el CIE exponiéndolas a un mayor riesgo y faltando a la protección que se debe garantizar a estas personas.
El 33,5% de las personas visitadas llevaba más de 6 años en España, la mayoría de ellas tenía familiares en España y presentaba fuertes indicios de arraigo. Esto evidencia un fallo en las políticas de inclusión y revela el papel de los CIE como mecanismo para la segregación y la ruptura de la vida de las personas.
En 2015 hemos tenido constancia del encierro de mujeres embarazadas, personas que sufrían trastornos de salud mental, personas con menores a su cargo, víctimas de violencia machista o de trata. 12 personas internas que visitamos declararon ser menores de edad, incumpliendo el Estado los compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas así como la propia Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. A esto se suma el hecho de que el 66% de las personas viven fuera de Madrid, en otros puntos del territorio español por lo que, mediante el encierro en CIE son separadas de sus seres queridos, sin posibilidad real de recibir visitas.
El informe explica también las múltiples barreras que se imponen en el CIE para solicitar asilo como son la información deficiente respecto a este derecho o el incumplimiento en la tramitación de las solicitudes. Tan sólo 36 personas de las 257 solicitaron asilo y únicamente una de ellas fue admitida a trámite.
En el año 2015 hemos detectado una resolución colectiva de internamiento por la que se acordaba el encierro de 40 personas mediante el tratamiento unificado de su caso. Se trata de una práctica inédita y contraria a derecho, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva así como el estudio individualizado de los casos y deshumanizando a las personas.
El informe recoge los testimonios de las personas que señalan las profundas consecuencias psicosociales que conlleva el encierro para las víctimas del CIE. Estrés, angustia, ruptura del proyecto migratorio, inseguridad, miedo, rabia y tristeza. Pero igualmente, el informe transmite los mensajes de resiliencia de estas personas y arroja luz sobre la organización de la resistencia (huelgas de hambre, cartas colectivas a representantes políticos o instancias judiciales).
Se documentan casos de malos tratos, trato intimidatorio o racista. “La existencia de los CIE enmarcada dentro del racismo y la violencia institucional general violencias directas dentro de sus muros” -recoge.
El informe incide en la atención médica deficiente que refieren recibir las personas así como en el incumplimiento del Real Decreto 162/2014 que regula el funcionamiento y régimen interior de los CIE situándolo en la práctica ilegalidad.
Los últimos años de visitas en el CIE confirman que prácticamente la mayoría de las personas que son encerradas en los CIE no son deportadas lo que lleva a concluir que las deportaciones exprés que se realizan en menos de 72 horas desde los calabozos de las comisarías sin garantías judiciales están tomando una mayor relevancia.
Este trabajo quiere contribuir al debate social necesario sobre esta frontera invisible que divide nuestros barrios y esperamos que sea un paso más hacia el cierre definitivo de estas cárceles racistas. “Otra política migratoria es posible. El cierre de los CIE es posible. Para ello es necesario el compromiso de la ciudadanía y la voluntad política”, concluye.
Ver INFORME 2015 completo de SOS Racismo
