Según los datos actualizados a 23 de mayo por la Consejería de Políticas Sociales, que remite periódicamente al Gobierno central, por todas las causas han muerto desde el 8 de marzo, el 76 por ciento por Covid-19. De ellos, 1.237 decesos fueron confirmados por pruebas de coronavirus y 4.714 con síntomas de esta enfermedad.
Muchos de estos centros y otros han sido objetos en la última semana de denuncias de familias y de asociaciones por la supuesta mala gestión de la pandemia, falta de medios humanos, materiales o protocolos para darle respuesta. La Fiscalía ha abierto 374 investigaciones a residencias de toda España, 80 de ellas en Madrid. Un larga y complicada batalla legal contra estos centros, que en la última semana ha extendido también a los responsables de algunos hospitales y también de la administración por la denegación de ingresos hospitalarios a residentes en el pico de la crisis.
El triaje
Y es que en aquellas dos últimas semanas de marzo y la primera de abril muchos hospitales madrileños estaban colapsados y se estableció un 'triaje', es decir una “racionalizaron la escasez de recursos personales y materiales con los que contaban para aplicarlos a quienes consideraban que tenían más posibilidad de salir adelante”.
En ese momento, la Dirección regional de Coordinación Sociosanitaria envió un documento a las residencias en el que les indicaba que no debían mandar al hospital a aquellas personas que, aunque tuvieran infección respiratoria, no pudieran ser independientes en sus movimientos o tuvieran alguna discapacidad. Tras aparecer en la prensa estos criterios discriminatorios, la Comunidad dio marcha atrás y los sustituyó por otro que garantizaba las derivaciones de residentes a hospitales, pero dejándolas a criterio de un geriatra.
Una de entre muchas víctimas de este triaje fue el padre de María, de 76 años y con Párkinson, que murió con coronavirus solo en una cama de la residencia Amavir Valdebernardo el 7 de abril. “Luchó muchos años contra esa enfermedad y no se merecía ese final”, relata en una carta dirigida a la asociación El Defensor del Paciente. Fuentes de este geriátrico reconocen esta situación y también se quejan de lo que pasaba: “Nos ha generado una enorme impotencia esta situación. Cuando bajó la presión asistencial en hospitales, ya hemos podido derivar a residentes“.
Hospital de Parla y Hospital del Sureste
Hace unos días, la Plataforma de Afectados por la Pandemia presentó una demanda contra el director médico y el gerente del Hospital Infanta Cristina de Parla por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Lo hicieron tras conocer un documento con el que negaban el ingreso de una anciana de 80 años procedente de un geriátrico que tenía neumonía bilaterial y probable Covid-19. "Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital", sentenciaba en dicho escrito. Tres días después, esta mujer falleció sin cuidados hospitalarios.
"La orden de desatención hospitalaria a los ancianos procedentes de residencias, en caso de confirmarse, ha dejado a su suerte a miles de personas vulnerables en la Comunidad, condenándoles a una muerte segura pues las residencias carecen de medios sanitarios para atender la pandemia", resalta la plataforma en la demanda.
Sin embargo, el Hospital de Parla ha rechazado la existencia de esa orden e indica que entre el 15 de marzo y el pasado 15 de mayo 39 ancianos residentes ingresaron en el hospital y 101 han sido atendidos en el servicio de Urgencias. En este caso particular, aseguran que se decidió no hospitalizar a la anciana para “no exponerla a un riesgo mayor” en pleno pico de la pandemia.
Pero no ha sido el único caso de estos 'triajes'. Hemos conocido también el de Emilia, de 86 años, que vivía en la residencia Geriatel de Rivas. Su hija relata que el 21 de marzo su madre enfermó, pero el hospital del Sureste prohibió su ingreso. Entonces, fue ella quien la llevó en su coche al hospital. “Cuando llegué me dijeron que mi madre no tenía derecho a un respirador porque era mayor de 70 años y por sus patologías. Le dieron una gafas con oxígeno y la mandaron a un box. A mí me echaron a las dos horas; el hospital era un caos", cuenta.
El día 24 un responsable del hospital llamó a la familia para comunicarle su intención de darle de alta pero la residencia no aceptaban de vuelta a enfermos de coronavirus. Ante esta situación, llamaron a muchas puertas hasta llegar al alcalde de Rivas, Pedro del Cura, que consiguió que sus padres continuaran en el hospital una semana más. Ya en la residencia, a Emilia le volvió la fiebre, por lo que intentaron evacuarla de nuevo sin éxito al hospital. En la residencia solo le pudieron dar morfina. Murió el 3 de abril. La familia ha anunciado que también pondrá el caso en manos de los tribunales.
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