-Las nuevas directrices descartan realizar PCR a contactos estrechos asintomáticos por lo que pueden volver al centro en fase de contagio y reduce los días de cuarentena de los contactos estrechos de 14 a 10 días.
De hecho, de forma progresiva, y en particular la última semana, se había dejado de cumplir el protocolo con el que se inició el curso.
Sin PCR no hay seguridad en las aulas
Tampoco se estaba cumpliendo la promesa “estrella” de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cuando presentó el Plan de “vuelta segura” a las clases y no se estaba haciendo, en todos los casos, PCR en el mismo día a todo el alumnado de un grupo donde se confirmaba contagio.
Así las cosas, el Gobierno regional opta por suprimir la directriz de hacer pruebas a asintomáticos y limita los rastreos. Igualmente, tampoco se refuerza la formación de los docentes en esta materia. Se mantiene la coordinación COVID en docentes y se sigue sin contemplar que sea asumida por sanitarios.
Un protocolo ambiguo
El protocolo mantiene las ambigüedades del anterior en cuanto a lo que se considera “contacto estrecho”. ¿Lo son los compañeros y compañeras de un aula y su profesorado? Alarma especialmente, a profesionales y familias, que el procedimiento obvie cómo se desarrolla la actividad de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos y la negación de que puedan existir “contactos estrechos” en grupos que no son denominados “burbuja”.
Esta falta de conocimiento de la realidad inquieta dado que sin definir con claridad y esperando a la confirmación de un contagio para actuar, la propagación se puede multiplicar exponencialmente.
Falta de rigor en la prevención
Más, cuando el caso se confirme, se recorta la cuarentena mínima a 10 días y no será necesario la realización de una PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a las clases. Estas prisas y la falta de rigor en la prevención, nos preocupa mucho ya que si se reincorporan a la actividad sin confirmar que están fuera de la fase de contagio, el número de personas contagiadas en el centro pueda aumentar, incluso, dispararse.
En la misma línea, no parece poco prudente
eliminar cuarentenas preventivas a espera de confirmación el contagio.
En cuanto al profesorado y el personal educativo de los centros todo lo que dice este protocolo en relación a las actuaciones que dependen del Servicio de Prevención son imposible de realizar. Hay que recordar que no existe Servicio de Prevención propio en la Consejería de Educación. Desde el inicio de la pandemia, en marzo, hemos solicitado su creación, algo que aún no se ha hecho.
Sin respuestas
En la actualidad, el Servicio de Prevención de la Comunidad de Madrid, no está respondiendo a las innumerables consultas de los coordinadores Covid, ya que no tienen suficiente plantilla y tienen listas de espera para valoraciones clínicas de trabajadores y trabajadoras de más de un año.
Por lo que el reconocimiento de trabajador vulnerable no lo están realizando, ni las valoraciones clínicas para adaptación de puestos de trabajo y la identificación de contactos en la inmensa mayoría de los casos tampoco. Por este motivo, debería haberse pensado un procedimiento ágil y realizable dado que se trata de contagios que hay que frenar y de salvar vidas.
Sobre la notificación de casos, no modifica el procedimiento y este protocolo no va a acompañado de una memoria económica para ampliar la plantilla de salud pública. Por tanto, seguirá ocurriendo lo que ocurre.
Dificultad para hablar con sanidad
Los centros tienen graves dificultades para contactar con Salud Pública. Tardan horas, incluso, días en poder contactar. Cuando entablan comunicación, coordinadores COVID sin formación sanitaria son contestados por personal administrativo sin formación sanitaria tampoco y, en muchas ocasiones, no pueden resolver las dudas ni tienen orientaciones claras para situaciones que requieren de la valoración y toma de decisiones de profesionales sanitarios. Y una vez comunicado el caso, Salud Pública se demora, también día en resolver.
Con todo ello, los equipos directivos y los equipos docentes se están autoorganizando para proteger a sus comunidades educativas. Y nos tememos que así seguirá siendo con este nuevo protocolo.
Galvín denuncia que “se busca maquillar la realidad bajando el número de casos en las estadísticas así como el número de aulas confinadas o centros cerrados”.
Además, Galvín alerta que “esta nueva estrategia saca a la educación del foco y, con nivel de transmisión comunitaria que existe en Madrid, deja a las comunidades educativas desprotegidas abriendo vías para que el sistema educativo madrileño se convierta en otro vector de transmisión de enormes dimensiones por el mero tamaño que tiene por encima de 1.200.000 alumnos y alumnas”.
Concluye Galvín que “el gobierno de Madrid con este protocolo pone en riesgo el derecho a la educación porque retrocede en las garantías necesarias para que los centros sean seguros”.
