"Es un local de 240 m2 para el que pedí al Ayuntamiento la conversión en vivienda. Se lo cedí temporalmente a un matrimonio marroquí sin recursos, mientras buscaban otro lugar en el que vivir, y ya no se quieren ir", señaló.
Ahora, se cumplen tres años de esta "inquiocupación" (inquilinos que dejan de pagar el alquiler y no se van del piso), son diez personas y no han pagado nada a Rojas en este tiempo. Ni siquiera se plantean abandonar una propiedad que no es suya.
Por casos como este, un grupo de ciudadanos ha creado la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que reclama una ley para que la policía pueda desalojar inmediatamente a quienes entran con o sin permiso en un piso o local privado. "El problema también es de los jueces porque un asunto que en dos o tres meses debería estar arreglado, tras la pertinente denuncia, se alarga entre dos y tres años", se quejó esta mujer boliviana.
“Nosotros somos mucho más
vulnerables que aquellos que ocupan una casa”, denunció esta mujer, víctima de los ocupas. “He tenido que pedir un
préstamos personal para poder salir adelante”. Y añadió: “Los servicios sociales y los juzgados nos derivan a las víctimas -que somos nosotros- la responsabilidad de los ocupas”.
"Los ocupas no quieren aceptar las soluciones habitacionales de Cáritas o del Ayuntamiento porque no quieren cumplir normas", concluye.
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