Martín destacó que esta iniciativa busca coordinar acciones entre administraciones para dar respuesta a una situación que calificó como "una calamidad que ya no se puede demorar más". Entre las cuestiones que se tratarán están la drogodependencia, los problemas de menores, la gestión del entorno urbano y la ocupación ilegal de viviendas.
La mesa será coordinada por la subdelegada del Gobierno en Madrid y se prevé que las reuniones comiencen a finales de este mes. El representante estatal expresó su esperanza de que esta estrategia conjunta permita resolver no solo esta crisis específica, sino también otros problemas sociales de similar envergadura en la ciudad.
Durante una visita al barrio, tras una reunión en la sede de la Asociación Vecinal de Lucero, Martín recorrió la zona junto a representantes de la entidad y el presidente de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid), Jorge Nicarino. En el recorrido, los vecinos expusieron las dificultades que enfrentan, como la degradación urbana, problemas de convivencia y salubridad, además de las secuelas de los antiguos "narcopisos" desmantelados en una redada en septiembre.
En relación con la videovigilancia de la zona, Martín criticó la demora en la instalación de cámaras de seguridad en el barrio, cuya implementación depende del Ayuntamiento de Madrid. Según el delegado del Gobierno, la última promesa del Consistorio indica que no estarán instaladas hasta finales de 2025, un plazo que calificó de “incomprensible”, dado que la demanda de los vecinos lleva años sin ser atendida.
Por su parte, el presidente de la FRAVM agradeció la iniciativa del delegado y subrayó la importancia de mantener la presión policial en la zona mientras se implementan soluciones más integrales. También destacó la necesidad de involucrar a la Consejería de Sanidad y a Madrid Salud en estas políticas para ofrecer una respuesta a largo plazo que incluya atención social y sanitaria a personas dependientes.
En septiembre pasado, una macrorredada policial en la calle Cullera movilizó a 288 agentes nacionales, resultando en 33 detenciones y 21 registros por tráfico de drogas. Los detenidos quedaron en libertad provisional con órdenes de alejamiento y los vecinos criticaron esta decisión judicial, argumentando que no garantiza la seguridad a largo plazo.
Francisco Martín aseguró que los agentes que patrullan la zona están garantizando el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, pero reconoció que la convivencia sigue siendo un desafío debido a la ocupación ilegal de inmuebles y la falta de atención a toxicómanos por parte de las instituciones responsables.
El delegado también instó al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid a asumir su responsabilidad en la rehabilitación del entorno urbano y la gestión de viviendas sociales. Según él, la Agencia Social de la Vivienda no ha presentado denuncias por ocupaciones ilegales, lo que dificulta los desahucios y “perpetúa la situación de degradación”.
Por su parte, Javier Poveda, representante de la Asociación Vecinal de Lucero, valoró positivamente la convocatoria de la Mesa Tripartita como un paso hacia la solución del problema. Sin embargo, insistió en que la clave está en una intervención integral que combine presión policial, atención sanitaria y social, y mejora del entorno urbano.
Poveda destacó que muchos pisos ocupados en la zona pertenecen a la Agencia Social de la Vivienda, aunque esta no lo reconozca oficialmente. "Si no se denuncia la ocupación, no habrá desahucios y el problema no se resolverá. Cada administración tiene sus responsabilidades y es tiempo de que las asuman", afirmó.
Desde la FRAVM también se expresó preocupación por la falta de coordinación entre las instituciones judiciales y vecinales. Nicarino criticó la decisión de la judicatura de rechazar reuniones con asociaciones de vecinos, lo que, según él, limita la efectividad de las intervenciones policiales y debilita la seguridad en la zona.
Los vecinos de este barrio de Latina coinciden en que la problemática de Cullera no se resolverá únicamente con operativos policiales, sino que requiere un enfoque multidisciplinario. Entre las propuestas mencionaron una mayor inversión en políticas sociales y sanitarias, la intensificación de la vigilancia en el barrio y la rehabilitación de espacios urbanos.
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