-La ausencia del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en la Mesa Técnica de Urgencias Sociales desata críticas por la inseguridad, okupación y degradación del barrio.
-Mientras los políticos se culpan entre sí, los vecinos siguen enfrentándose a la violencia y la dejadez administrativa. “No podemos recibir paquetes a domicilio porque las empresas de reparto no quieren venir”, cuenta una vecina.
-“Las compañías de mantenimiento se niegan a trabajar en nuestros edificios por el peligro que supone. Incluso los jardineros piden escolta policial para limpiar”, se quejaba una vecina participante en la reunión.
La reunión, presidida por la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, tenía como objetivo coordinar a las distintas administraciones para ofrecer soluciones a los problemas que afectan a los vecinos. Sin embargo, la no asistencia de representantes municipales y autonómicos ha generado “bochorno y decepción”, según fuentes vecinales y de la Delegación del Gobierno.
Los residentes de la conflictiva vía llevan más de una década denunciando la degradación de sus edificios, que incluyen viviendas okupadas, tráfico de drogas a plena luz del día y una insalubridad extrema. Los portales de los edificios de Cullera 14 y 16 no pueden cerrarse, permitiendo la entrada y salida constante de toxicómanos y delincuentes. Además, los ascensores están inutilizables, con techos arrancados y restos de orines y defecaciones en su interior.
“La convivencia es insostenible”, ha explicado Javier Poveda, portavoz de la Asociación Vecinal de Lucero. “Los drogadictos entran y salen a cualquier hora, destrozan los portales y utilizan los rincones como baños públicos. La Policía Nacional ha actuado, pero mientras sigan okupadas estas viviendas de la Agencia Social de la Vivienda, el problema persistirá”, explica.
Críticas a la inacción del Ayuntamiento y la Comunidad
Los vecinos lamentan que, a pesar de la gravedad de la situación, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid sigan sin tomar medidas concretas. En la reunión, se expusieron problemas que requieren intervención municipal y autonómica, como la limpieza, la seguridad, el desalojo de okupas y la asistencia a personas con adicciones.
La Comunidad de Madrid, propietaria de algunas de las viviendas okupadas, no ha iniciado procesos de desalojo ni ha ofrecido alternativas habitacionales a personas en situación de vulnerabilidad. “Hablan mucho de la okupación en general, pero no hacen nada para solucionar la de sus propias viviendas”, denuncian los residentes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid sigue sin instalar las cámaras de videovigilancia prometidas desde 2020. “Cada año nos dicen que estarán listas a finales del próximo, pero ni siquiera han solicitado la autorización necesaria”, critica Poveda.
Desde la Delegación del Gobierno, se ha condenado la ausencia de las otras administraciones. “Es lamentable que ni la Comunidad ni el Ayuntamiento hayan querido sentarse a buscar soluciones”, declaró la subdelegada Pilar Trinidad, subrayando la necesidad de una acción conjunta.
En respuesta, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha desestimado las críticas y ha acusado al delegado del Gobierno de intentar “imponer su agenda”.
En la misma línea, la portavoz del Ayuntamiento, Inma Sanz, ha insistido en que la responsabilidad de la seguridad recae en el Gobierno central y ha exigido “el desalojo definitivo de las viviendas okupadas”.
Mientras los políticos se culpan entre sí, los vecinos siguen enfrentándose a la violencia y la dejadez administrativa. “No podemos recibir paquetes a domicilio porque las empresas de reparto no quieren venir”, cuenta una vecina. “Las compañías de mantenimiento se niegan a trabajar en nuestros edificios por el peligro que supone. Incluso los jardineros piden escolta policial para limpiar”, se quejaba una vecina participante en la reunión.
Y es que la comunidad de vecinos también afronta una deuda de 150.000 euros debido al impago de las cuotas de mantenimiento por parte de los okupas. Los residentes han tenido que hacer derramas para reparar tuberías y sistemas eléctricos destrozados, un esfuerzo económico insostenible para muchos, especialmente para los jubilados con pensiones mínimas.
Propuestas profesionales y concretas de los Criminólogos
Miembros del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) también han estado presentes en la reunión. Ignacio González, miembro del Grupo de Trabajo de Criminología aplicada a la Función Policial, destacó la necesidad de una actuación conjunta entre asociaciones y administraciones para implementar soluciones efectivas.
A pesar de la correcta actuación de la Policía Nacional, señaló que la situación sigue sin resolverse y requiere medidas adicionales, como videovigilancia, apoyo social y formación para los vecinos en seguridad y cooperación.
En la primavera pasada, el CPCM realizó un estudio en el barrio de Lucero, donde los vecinos identificaron el origen del problema con la llegada de una familia conflictiva que ocupó varias viviendas. Según el informe, las intervenciones policiales han sido insuficientes y la delincuencia sigue presente, lo que ha generado una sensación de inseguridad y abandono institucional.
Como respuesta, los criminólogos han diseñado una serie de medidas, incluyendo la implicación de propietarios, formación vecinal, sanciones a dueños que permitan actividades ilícitas y campañas comunitarias contra el narcotráfico.
Las propuestas incluyen el aumento de la presencia policial, la instalación de cámaras de vigilancia, la reorganización del tráfico y el control de accesos a los edificios. También se plantea mejorar la iluminación, reforzar normativas de seguridad y promover programas de rehabilitación para toxicómanos.
El CPCM enfatiza que estas acciones deben basarse en estudios criminológicos y en la cooperación de todos los actores involucrados: vecinos, administraciones, cuerpos policiales y el sistema judicial, con el fin de recuperar la seguridad y la convivencia en la zona.
Pese a la decepción generalizada, los vecinos aseguran que seguirán luchando. Exigen que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se sienten a dialogar en la próxima convocatoria de la Mesa Técnica y que se tomen medidas urgentes para recuperar la seguridad y dignidad del barrio. “No podemos permitirnos el lujo de rendirnos”, afirman. “Seguiremos insistiendo hasta que nos escuchen y actúen de una vez”, finalizó el presidente de la Asociación de Vecinos de Lucero.
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